Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas demanda que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están realizando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación demanda que aquellos conjuntos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor ocasión de expresarse, defenderse o de solicitar asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allá, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, además de uno de los países más pobres del planeta, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios, en la que los grupos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, procuran controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las atrocidades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para alistarlos por la fuerza o bien para convertir a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la senda en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o bien de forma indirecta, expulsar a absolutamente nadie a un territorio donde su vida pueda padecer daño o padecer daños inhumanos o bien degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el riesgo de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es conocido, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se utiliza es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en efectuar la expulsión. En esos diez días acaban en uno de los tres Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero raras veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al tiempo, el CIE de Lanzarote está casi completo con lo que estos inmigrantes acaban en Tenerife. “La comunicación con el letrado es deficiente con lo cual la merma de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco marcha el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un acuerdo de cooperación entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”. tarifas abogados extranjeria

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o bien alguna organización sin ánimo de lucro presente una petición de asilo para así frenar dicha salida “pero en la práctica no suelen cuajar, por el hecho de que pasa por una ventanilla del propio CIE y, en muchos casos, esta petición no prospera”. abogado especialista en migración

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en un caso así no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas solicita que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos y cada uno de los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se queja de su falta de concreción “todavía esperamos una política de inmigración seria. Por desgracia vemos lo de siempre. Es el caso de las vallas que se pondrán más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este especialista en extranjería es importante tender a una minoración esencial en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, así como a una “racionalización, puesto que se tenderá a utilizar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de todo un ámbito social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente imprescindible, dado que la estructura de los diferentes Institutos de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna Organización no Gubernamental que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y esta ha sido ignorada groseramente por la policía, lo que forma una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no podrá nunca expulsarse a absolutamente nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más antídoto tendremos que acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al letrado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.